“Dicen que combaten la inseguridad, pero ellos la ponen”

René Sánchez Galindo
19 de marzo de 2007

Los pírricos triunfos democráticos en México se esfumaron en 2006 a pesar de las voces que se levantaron y de las acciones que se emprendieron aún antes de los trágicos acontecimientos de ese fatídico año.

La democracia cuenta por lo menos con tres elementos fundamentales: (i) elecciones libres, (ii) respeto a las libertades, derechos humanos y derechos sociales fundamentales, y (iii) responsabilidad de los servidores públicos. En esta ocasión me refiero a las terribles violaciones a los derechos humanos, no sólo en los casos de Atenco y Oaxaca del año pasado, sino a la cínica propuesta de legalizar y pseudo constitucionalizar la violación a los derechos humanos, de este 2007.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó las violaciones terribles y masivas en los casos de Atenco y Oaxaca. A pesar de que el informe que presentó a la Cámara de Diputados fue duramente criticado por diversas organizaciones de derechos humanos como la Liga Mexicana de Derechos Humanos, por el Centro Pro de Derechos Humanos y por la propia APPO.

Lo que está hoy comprobado, inclusive por informes internacionales, como el de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, es la existencia de la violación a los derechos humanos, y a pesar de que todavía no se castiga a nadie, siguen injusta e ilegalmente presos y presas en las cárceles federales de alta seguridad como si se tratara de agentes de la “delincuencia organizada”.

El término “delincuencia organizada” es precisamente el pretexto fundamental que utilizaron l@s funcionari@s que se encargan del despacho de la Presidencia de la República para elaborar la iniciativa de reformas a la Constitución presentada el 13 de marzo pasado al Senado. Se trata de modificaciones en materia de seguridad pública para permitir que el Ministerio Público pueda ordenar cateos, intervenciones a comunicaciones privadas y arraigos sin la necesidad de una orden judicial previa.

Resulta que las detenciones ilegales documentadas en Atenco y en Oaxaca ahora van a ser legalizadas y practicadas masivamente contra cualquier persona que quiera expresarse contra la corrupción y el abuso, por el simple hecho de que a alguien se le ocurra que se trata de “delincuencia organizada”.

Déjenme hacer un par de pequeños apuntes jurídicos, no resisto. Ordenar un arraigo, aunque lo haga un juez es inconstitucional porque priva de la libertad sin tener elementos suficientes para creer que “probablemente” alguien es responsable de un delito. Peor aún, según el artículo 39 constitucional, sólo el pueblo, no el congreso federal ni los congresos locales juntos, puede alterar o modificar la forma de gobierno, por lo que pretender modificar los términos de los derechos humanos sería alterar la democracia y por lo tanto esta reforma antidemocrática debería ser votada popularmente. Lo malo es que se trata de leyes y no tenemos justicia a la cual acudir, ¿o sí?

La exposición de motivos de esta iniciativa habla de que el sistema penal ha recibido críticas y llamados a la modernización, pero no las hace públicas, no las conocemos, ¿estas críticas se referirán a la ley o a la aplicación de la ley? Habrá que solicitarlas, esperemos que respeten nuestro derecho a la información.

Igualmente se refieren a que la inseguridad aleja inversiones, pero no nos dice en qué casos y qué inversiones han salido del país, y cuáles no se han realizado por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos.

Argumentan que la delincuencia cuenta con nuevas tecnologías y que el Estado no; cabe preguntar ¿en qué casos el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia, ha hecho imposible la procuración y la administración de justicia, por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos?

En relación con el arraigo la iniciativa propone lo siguiente: “Sólo lo puede dictar el juez, quién determinará la modalidad de su ejecución, salvo en el caso de ‘delincuencia organizada’ en que podrá dictarse por el Ministerio Público con posterior revisión de la autoridad judicial”. ¿Contarán con un estudio que documente en qué casos la negativa o retardo judicial a ordenar un arraigo han impedido que se procure y administre adecuadamente la justicia? ¿Tendrán documentado en qué casos han resultado indispensables las órdenes de arraigo? ¿o quieren tapar el sol con un dedo?

Proponen adicionar un párrafo que prevé que las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, durante la investigación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público; pues, según la iniciativa, derivado de la operación de la “delincuencia organizada”, resulta evidente que, en varios casos, se tienen datos que señalan la necesidad de intervenir comunicaciones de forma inmediata y en ocasiones acudir a la autoridad judicial “dificulta o imposibilita la investigación”; lo mismo acontece con los cateos, dicen. ¿Cuáles son estos casos y estas ocasiones tanto en materia de arraigos como intervención a comunicaciones y cateos? ¿Qué va a pasar si el ministerio público ordena una intervención a comunicaciones y resulta que no había delito? ¿el clásico: “usted disculpe”?

Llegan al grado de afirmar que no violan ningún derecho de defensa a pesar de que consideran que no existe necesidad lógica de hacer saber la forma en que, inicialmente, la autoridad conoció del delito. ¿Qué no han leído siquiera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las formas en las que la autoridad viola derechos humanos al investigar el delito? ¿Qué no saben que el ministerio público pierde amparos por esta razón?

El combate a la delincuencia debe enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, de lo contrario no encontrarán a los culpables, sino que conseguirán solamente inhibir las libertades humanas e inventaran responsables de los delitos. Los derechos humanos no son para defender delincuentes sino para defender a la sociedad de que el gobierno abuse de su poder inventando culpables y reprimiendo a la población.

René Sánchez Galindo.