Destituir Gobernantes: un acto democrático

René Sánchez Galindo
26 de marzo de 2007

Lejos de que la destitución de gobernantes sea un acto subversivo, ilegal o simplemente antidemocrático, en realidad se trata de un elemento fundamental de la democracia. Si un país o comunidad local o internacional carece de un procedimiento legal, accesible, justo y equitativo para destituir gobernantes, entonces se trata de un país que no vive en un estado democrático. La responsabilidad de servidores públicos con su consecuente destitución e inhabilitación es tan importante para la democracia como lo son las elecciones libres y como el pleno respeto a los derechos humanos.

Esta omisión generalmente provoca represión, violación a derechos humanos, manipulación de medios de comunicación y hasta fraudes electorales. Los hechos del año pasado en Oaxaca ponen de manifiesto lo anterior. Analicemos la resistencia civil que se opone a lo que considera ilegal, las consecuencias, las opciones legales existentes y las inexistentes.

El gobernador de Oaxaca ha sido acusado por organizaciones civiles de no comprobar la utilización de recursos públicos por más de 70,000 millones de pesos, de privatizar la Guelaguetza, de no respetar los derechos laborales del magisterio, de reprimir violentamente a los movimientos sociales y hasta haber sido en un electo en un proceso que careció de certeza y por lo tanto en fraude a la ley, que dispone como principio electoral el principio de la certeza.

En primera instancia el magisterio oaxaqueño se organizó y expresó su malestar e inconformidad sobre el desprecio a sus demandas laborales. La respuesta fue brutal, se respondió con actos represivos y violatorios de derechos humanos. Entonces diversas y múltiples organizaciones oaxaqueñas, así como gente de a pie, profesionistas, empleados, desempleado y mucha gente más, se unió a la resistencia contra el gobierno de el estado y exigió su destitución. La respuesta fue en escala, el gobierno impidió las transmisiones de la estación de radio del magisterio, la resistencia tomó diversas estaciones, el gobierno mando entonces grupos de policías para disparar con armas de fuego contra la resistencia civil desarmada, que amplió las barricadas para impedir seguir siendo asesinada.

Dentro de este proceso la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, como se denominó la resistencia civil y pacífica oaxaqueña solicitó la destitución definitiva del gobernador de aquella entidad. La opción del juicio político que el Congreso estatal podría promover contra el gobernador quedaba descartada porque es controlado por la mayoría priísta sumisa al gobernador. No hubo ningún análisis sobre la legalidad de los actos del gobernador, tampoco sobre la gravedad de los daños causados a los intereses fundamentales de Oaxaca, ni mucho menos existió ningún dictamen que concluyera nada sobre estos elementos fundamentales para destituir al Gobernador mediante juicio político estatal.

El juicio político federal resulta aún más difícil porque para este caso hay que vencer 3 obstáculos: la Cámara de Diputados Federal, el Senado y la Cámara de Diputados estatal. La opción legal vigente que quedaba era la llamada “declaración de desaparición de poderes estatales” a cargo exclusivo del Senado.

Cuando los poderes desaparezcan en un Estado de la República el Senado tiene facultades exclusivas otorgadas por el artículo 76 constitucional, para declarar dicha desaparición y para nombrar a una gobernatura provisional que convoque a elecciones. La Ley reglamentaria establece que se configura la desaparición de poderes cuando estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones. El dictamen del Senado resolvió que aunque no había gobernabilidad, los poderes sí existían.

Es decir que los poderes estatales no podían gobernar, y por lo tanto, no podían ejercer sus funciones, pero a pesar de ello sí existían los poderes. Esto no solamente es absolutamente ilógico sino que es ilegal.

Finalmente intervino el Ejecutivo Federal: mandó al ejercito o PFP, que es lo mismo. ¿Contra quién? Pues contra el pueblo por supuesto. Las violaciones a los derechos humanos están completamente a la vista para quienes tengan el valor civil de reconocerlas. En el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos Humanos, se advierten las posturas de la APPO, del gobierno estatal, del empresariado y otras más.

Véanlo en la dirección: http://cciodh.pangea.org/index/index.shtml abren el link vídeo de la CCIODH, son 5 partes, y juzguen ustedes si existió violación a derechos humanos, o no.

Cuando toma posesión la persona que actualmente se encarga del despacho del Poder Ejecutivo Federal, después de una elección que careció del principio constitucional de certeza, y por lo tanto en fraude a la ley, ordena la detención de uno de los más representativos voceros de la APPO, cual si fuera miembro de la delincuencia organizada, justo cuando le convoca a dialogar y aún le mantiene preso.

El juicio político es la clave para el equilibrio en la división de poderes y por lo tanto para la vida republicana y democrática. En el sistema parlamentario la clave es la moción de censura por la que el parlamento puede remover al primer ministro, en ese caso esta facultad se atenúa con la posibilidad del primer ministro de disolver al parlamento y llamar a elecciones si así lo aprueba el Reino o la Presidencia, en caso del semiparlamentarismo. El juicio político requiere además de la voluntad política del Poder Legislativo, de que se compruebe que se cometieron actos ilegales, y que se trámite con las formalidades de un juicio; en cambio en nuestro sistema presidencial no existe la posibilidad de que el Ejecutivo disuelva al Legislativo como en el sistema parlamentario. Todo esto es pura teoría, como ya vimos. Simplemente no se aplica.

Otra opción legal sería la revocación de mandato, que consisten en que a partir de una solicitud de un porcentaje determinado de la ciudadanía, se llame a un ejercicio electoral para que el Pueblo decida si se destituye o revoca el mandato de algún gobernante. Pero esta opción no está considerada ni en la Constitución federal, ni en la oaxaqueña (ni en la poblana, ni en muchas otras).

Y todavía pretenden que respetemos las instituciones democráticas, pero cuáles, dónde. La realidad es que el sistema actual sólo ha servido para mantener la situación imperante en el régimen del PRI. Es hora de hacer cambios no sólo de anunciarlos.

Y si el gobernador de Oaxaca está en esta situación, qué decir de Peña Nieto en el Estado de México, por el caso Atenco; o de Mario Marín, el “gober precioso” poblano, por el caso de la pederastia y la ilegal detención de Lydia Cacho; o Moreira de Coahuila, por Pasta de Conchos. Todos ellos príistas que han sido apoyados por los panistas del gobierno central, ¿o no?

Caso similar, pero no idéntico, el de Marcelo Ebrard y lo que la semana pasada le hizo a la APPO. Ojalá entienda el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo en su informe a la Convención Nacional Democrática en el Zócalo, en el que lo felicitó por dar continuidad a los programas sociales, pero adelante condenó, en general, la represión contra la APPO. Y si no lo entiende, pues que AMLO lo aclare.

René Sánchez Galindo.