miércoles, marzo 28, 2007
Destituir Gobernantes: un acto democrático
René Sánchez Galindo
26 de marzo de 2007
Lejos de que la destitución de gobernantes sea un acto subversivo, ilegal o simplemente antidemocrático, en realidad se trata de un elemento fundamental de la democracia. Si un país o comunidad local o internacional carece de un procedimiento legal, accesible, justo y equitativo para destituir gobernantes, entonces se trata de un país que no vive en un estado democrático. La responsabilidad de servidores públicos con su consecuente destitución e inhabilitación es tan importante para la democracia como lo son las elecciones libres y como el pleno respeto a los derechos humanos.
Esta omisión generalmente provoca represión, violación a derechos humanos, manipulación de medios de comunicación y hasta fraudes electorales. Los hechos del año pasado en Oaxaca ponen de manifiesto lo anterior. Analicemos la resistencia civil que se opone a lo que considera ilegal, las consecuencias, las opciones legales existentes y las inexistentes.
El gobernador de Oaxaca ha sido acusado por organizaciones civiles de no comprobar la utilización de recursos públicos por más de 70,000 millones de pesos, de privatizar la Guelaguetza, de no respetar los derechos laborales del magisterio, de reprimir violentamente a los movimientos sociales y hasta haber sido en un electo en un proceso que careció de certeza y por lo tanto en fraude a la ley, que dispone como principio electoral el principio de la certeza.
En primera instancia el magisterio oaxaqueño se organizó y expresó su malestar e inconformidad sobre el desprecio a sus demandas laborales. La respuesta fue brutal, se respondió con actos represivos y violatorios de derechos humanos. Entonces diversas y múltiples organizaciones oaxaqueñas, así como gente de a pie, profesionistas, empleados, desempleado y mucha gente más, se unió a la resistencia contra el gobierno de el estado y exigió su destitución. La respuesta fue en escala, el gobierno impidió las transmisiones de la estación de radio del magisterio, la resistencia tomó diversas estaciones, el gobierno mando entonces grupos de policías para disparar con armas de fuego contra la resistencia civil desarmada, que amplió las barricadas para impedir seguir siendo asesinada.
Dentro de este proceso la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, como se denominó la resistencia civil y pacífica oaxaqueña solicitó la destitución definitiva del gobernador de aquella entidad. La opción del juicio político que el Congreso estatal podría promover contra el gobernador quedaba descartada porque es controlado por la mayoría priísta sumisa al gobernador. No hubo ningún análisis sobre la legalidad de los actos del gobernador, tampoco sobre la gravedad de los daños causados a los intereses fundamentales de Oaxaca, ni mucho menos existió ningún dictamen que concluyera nada sobre estos elementos fundamentales para destituir al Gobernador mediante juicio político estatal.
El juicio político federal resulta aún más difícil porque para este caso hay que vencer 3 obstáculos: la Cámara de Diputados Federal, el Senado y la Cámara de Diputados estatal. La opción legal vigente que quedaba era la llamada “declaración de desaparición de poderes estatales” a cargo exclusivo del Senado.
Cuando los poderes desaparezcan en un Estado de la República el Senado tiene facultades exclusivas otorgadas por el artículo 76 constitucional, para declarar dicha desaparición y para nombrar a una gobernatura provisional que convoque a elecciones. La Ley reglamentaria establece que se configura la desaparición de poderes cuando estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones. El dictamen del Senado resolvió que aunque no había gobernabilidad, los poderes sí existían.
Es decir que los poderes estatales no podían gobernar, y por lo tanto, no podían ejercer sus funciones, pero a pesar de ello sí existían los poderes. Esto no solamente es absolutamente ilógico sino que es ilegal.
Finalmente intervino el Ejecutivo Federal: mandó al ejercito o PFP, que es lo mismo. ¿Contra quién? Pues contra el pueblo por supuesto. Las violaciones a los derechos humanos están completamente a la vista para quienes tengan el valor civil de reconocerlas. En el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos Humanos, se advierten las posturas de la APPO, del gobierno estatal, del empresariado y otras más.
Véanlo en la dirección: http://cciodh.pangea.org/index/index.shtml abren el link vídeo de la CCIODH, son 5 partes, y juzguen ustedes si existió violación a derechos humanos, o no.
Cuando toma posesión la persona que actualmente se encarga del despacho del Poder Ejecutivo Federal, después de una elección que careció del principio constitucional de certeza, y por lo tanto en fraude a la ley, ordena la detención de uno de los más representativos voceros de la APPO, cual si fuera miembro de la delincuencia organizada, justo cuando le convoca a dialogar y aún le mantiene preso.
El juicio político es la clave para el equilibrio en la división de poderes y por lo tanto para la vida republicana y democrática. En el sistema parlamentario la clave es la moción de censura por la que el parlamento puede remover al primer ministro, en ese caso esta facultad se atenúa con la posibilidad del primer ministro de disolver al parlamento y llamar a elecciones si así lo aprueba el Reino o la Presidencia, en caso del semiparlamentarismo. El juicio político requiere además de la voluntad política del Poder Legislativo, de que se compruebe que se cometieron actos ilegales, y que se trámite con las formalidades de un juicio; en cambio en nuestro sistema presidencial no existe la posibilidad de que el Ejecutivo disuelva al Legislativo como en el sistema parlamentario. Todo esto es pura teoría, como ya vimos. Simplemente no se aplica.
Otra opción legal sería la revocación de mandato, que consisten en que a partir de una solicitud de un porcentaje determinado de la ciudadanía, se llame a un ejercicio electoral para que el Pueblo decida si se destituye o revoca el mandato de algún gobernante. Pero esta opción no está considerada ni en la Constitución federal, ni en la oaxaqueña (ni en la poblana, ni en muchas otras).
Y todavía pretenden que respetemos las instituciones democráticas, pero cuáles, dónde. La realidad es que el sistema actual sólo ha servido para mantener la situación imperante en el régimen del PRI. Es hora de hacer cambios no sólo de anunciarlos.
Y si el gobernador de Oaxaca está en esta situación, qué decir de Peña Nieto en el Estado de México, por el caso Atenco; o de Mario Marín, el “gober precioso” poblano, por el caso de la pederastia y la ilegal detención de Lydia Cacho; o Moreira de Coahuila, por Pasta de Conchos. Todos ellos príistas que han sido apoyados por los panistas del gobierno central, ¿o no?
Caso similar, pero no idéntico, el de Marcelo Ebrard y lo que la semana pasada le hizo a la APPO. Ojalá entienda el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo en su informe a la Convención Nacional Democrática en el Zócalo, en el que lo felicitó por dar continuidad a los programas sociales, pero adelante condenó, en general, la represión contra la APPO. Y si no lo entiende, pues que AMLO lo aclare.
René Sánchez Galindo.
26 de marzo de 2007
Lejos de que la destitución de gobernantes sea un acto subversivo, ilegal o simplemente antidemocrático, en realidad se trata de un elemento fundamental de la democracia. Si un país o comunidad local o internacional carece de un procedimiento legal, accesible, justo y equitativo para destituir gobernantes, entonces se trata de un país que no vive en un estado democrático. La responsabilidad de servidores públicos con su consecuente destitución e inhabilitación es tan importante para la democracia como lo son las elecciones libres y como el pleno respeto a los derechos humanos.
Esta omisión generalmente provoca represión, violación a derechos humanos, manipulación de medios de comunicación y hasta fraudes electorales. Los hechos del año pasado en Oaxaca ponen de manifiesto lo anterior. Analicemos la resistencia civil que se opone a lo que considera ilegal, las consecuencias, las opciones legales existentes y las inexistentes.
El gobernador de Oaxaca ha sido acusado por organizaciones civiles de no comprobar la utilización de recursos públicos por más de 70,000 millones de pesos, de privatizar la Guelaguetza, de no respetar los derechos laborales del magisterio, de reprimir violentamente a los movimientos sociales y hasta haber sido en un electo en un proceso que careció de certeza y por lo tanto en fraude a la ley, que dispone como principio electoral el principio de la certeza.
En primera instancia el magisterio oaxaqueño se organizó y expresó su malestar e inconformidad sobre el desprecio a sus demandas laborales. La respuesta fue brutal, se respondió con actos represivos y violatorios de derechos humanos. Entonces diversas y múltiples organizaciones oaxaqueñas, así como gente de a pie, profesionistas, empleados, desempleado y mucha gente más, se unió a la resistencia contra el gobierno de el estado y exigió su destitución. La respuesta fue en escala, el gobierno impidió las transmisiones de la estación de radio del magisterio, la resistencia tomó diversas estaciones, el gobierno mando entonces grupos de policías para disparar con armas de fuego contra la resistencia civil desarmada, que amplió las barricadas para impedir seguir siendo asesinada.
Dentro de este proceso la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, como se denominó la resistencia civil y pacífica oaxaqueña solicitó la destitución definitiva del gobernador de aquella entidad. La opción del juicio político que el Congreso estatal podría promover contra el gobernador quedaba descartada porque es controlado por la mayoría priísta sumisa al gobernador. No hubo ningún análisis sobre la legalidad de los actos del gobernador, tampoco sobre la gravedad de los daños causados a los intereses fundamentales de Oaxaca, ni mucho menos existió ningún dictamen que concluyera nada sobre estos elementos fundamentales para destituir al Gobernador mediante juicio político estatal.
El juicio político federal resulta aún más difícil porque para este caso hay que vencer 3 obstáculos: la Cámara de Diputados Federal, el Senado y la Cámara de Diputados estatal. La opción legal vigente que quedaba era la llamada “declaración de desaparición de poderes estatales” a cargo exclusivo del Senado.
Cuando los poderes desaparezcan en un Estado de la República el Senado tiene facultades exclusivas otorgadas por el artículo 76 constitucional, para declarar dicha desaparición y para nombrar a una gobernatura provisional que convoque a elecciones. La Ley reglamentaria establece que se configura la desaparición de poderes cuando estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones. El dictamen del Senado resolvió que aunque no había gobernabilidad, los poderes sí existían.
Es decir que los poderes estatales no podían gobernar, y por lo tanto, no podían ejercer sus funciones, pero a pesar de ello sí existían los poderes. Esto no solamente es absolutamente ilógico sino que es ilegal.
Finalmente intervino el Ejecutivo Federal: mandó al ejercito o PFP, que es lo mismo. ¿Contra quién? Pues contra el pueblo por supuesto. Las violaciones a los derechos humanos están completamente a la vista para quienes tengan el valor civil de reconocerlas. En el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos Humanos, se advierten las posturas de la APPO, del gobierno estatal, del empresariado y otras más.
Véanlo en la dirección: http://cciodh.pangea.org/index/index.shtml abren el link vídeo de la CCIODH, son 5 partes, y juzguen ustedes si existió violación a derechos humanos, o no.
Cuando toma posesión la persona que actualmente se encarga del despacho del Poder Ejecutivo Federal, después de una elección que careció del principio constitucional de certeza, y por lo tanto en fraude a la ley, ordena la detención de uno de los más representativos voceros de la APPO, cual si fuera miembro de la delincuencia organizada, justo cuando le convoca a dialogar y aún le mantiene preso.
El juicio político es la clave para el equilibrio en la división de poderes y por lo tanto para la vida republicana y democrática. En el sistema parlamentario la clave es la moción de censura por la que el parlamento puede remover al primer ministro, en ese caso esta facultad se atenúa con la posibilidad del primer ministro de disolver al parlamento y llamar a elecciones si así lo aprueba el Reino o la Presidencia, en caso del semiparlamentarismo. El juicio político requiere además de la voluntad política del Poder Legislativo, de que se compruebe que se cometieron actos ilegales, y que se trámite con las formalidades de un juicio; en cambio en nuestro sistema presidencial no existe la posibilidad de que el Ejecutivo disuelva al Legislativo como en el sistema parlamentario. Todo esto es pura teoría, como ya vimos. Simplemente no se aplica.
Otra opción legal sería la revocación de mandato, que consisten en que a partir de una solicitud de un porcentaje determinado de la ciudadanía, se llame a un ejercicio electoral para que el Pueblo decida si se destituye o revoca el mandato de algún gobernante. Pero esta opción no está considerada ni en la Constitución federal, ni en la oaxaqueña (ni en la poblana, ni en muchas otras).
Y todavía pretenden que respetemos las instituciones democráticas, pero cuáles, dónde. La realidad es que el sistema actual sólo ha servido para mantener la situación imperante en el régimen del PRI. Es hora de hacer cambios no sólo de anunciarlos.
Y si el gobernador de Oaxaca está en esta situación, qué decir de Peña Nieto en el Estado de México, por el caso Atenco; o de Mario Marín, el “gober precioso” poblano, por el caso de la pederastia y la ilegal detención de Lydia Cacho; o Moreira de Coahuila, por Pasta de Conchos. Todos ellos príistas que han sido apoyados por los panistas del gobierno central, ¿o no?
Caso similar, pero no idéntico, el de Marcelo Ebrard y lo que la semana pasada le hizo a la APPO. Ojalá entienda el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo en su informe a la Convención Nacional Democrática en el Zócalo, en el que lo felicitó por dar continuidad a los programas sociales, pero adelante condenó, en general, la represión contra la APPO. Y si no lo entiende, pues que AMLO lo aclare.
René Sánchez Galindo.
martes, marzo 20, 2007
“Dicen que combaten la inseguridad, pero ellos la ponen”
René Sánchez Galindo
19 de marzo de 2007
Los pírricos triunfos democráticos en México se esfumaron en 2006 a pesar de las voces que se levantaron y de las acciones que se emprendieron aún antes de los trágicos acontecimientos de ese fatídico año.
La democracia cuenta por lo menos con tres elementos fundamentales: (i) elecciones libres, (ii) respeto a las libertades, derechos humanos y derechos sociales fundamentales, y (iii) responsabilidad de los servidores públicos. En esta ocasión me refiero a las terribles violaciones a los derechos humanos, no sólo en los casos de Atenco y Oaxaca del año pasado, sino a la cínica propuesta de legalizar y pseudo constitucionalizar la violación a los derechos humanos, de este 2007.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó las violaciones terribles y masivas en los casos de Atenco y Oaxaca. A pesar de que el informe que presentó a la Cámara de Diputados fue duramente criticado por diversas organizaciones de derechos humanos como la Liga Mexicana de Derechos Humanos, por el Centro Pro de Derechos Humanos y por la propia APPO.
Lo que está hoy comprobado, inclusive por informes internacionales, como el de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, es la existencia de la violación a los derechos humanos, y a pesar de que todavía no se castiga a nadie, siguen injusta e ilegalmente presos y presas en las cárceles federales de alta seguridad como si se tratara de agentes de la “delincuencia organizada”.
El término “delincuencia organizada” es precisamente el pretexto fundamental que utilizaron l@s funcionari@s que se encargan del despacho de la Presidencia de la República para elaborar la iniciativa de reformas a la Constitución presentada el 13 de marzo pasado al Senado. Se trata de modificaciones en materia de seguridad pública para permitir que el Ministerio Público pueda ordenar cateos, intervenciones a comunicaciones privadas y arraigos sin la necesidad de una orden judicial previa.
Resulta que las detenciones ilegales documentadas en Atenco y en Oaxaca ahora van a ser legalizadas y practicadas masivamente contra cualquier persona que quiera expresarse contra la corrupción y el abuso, por el simple hecho de que a alguien se le ocurra que se trata de “delincuencia organizada”.
Déjenme hacer un par de pequeños apuntes jurídicos, no resisto. Ordenar un arraigo, aunque lo haga un juez es inconstitucional porque priva de la libertad sin tener elementos suficientes para creer que “probablemente” alguien es responsable de un delito. Peor aún, según el artículo 39 constitucional, sólo el pueblo, no el congreso federal ni los congresos locales juntos, puede alterar o modificar la forma de gobierno, por lo que pretender modificar los términos de los derechos humanos sería alterar la democracia y por lo tanto esta reforma antidemocrática debería ser votada popularmente. Lo malo es que se trata de leyes y no tenemos justicia a la cual acudir, ¿o sí?
La exposición de motivos de esta iniciativa habla de que el sistema penal ha recibido críticas y llamados a la modernización, pero no las hace públicas, no las conocemos, ¿estas críticas se referirán a la ley o a la aplicación de la ley? Habrá que solicitarlas, esperemos que respeten nuestro derecho a la información.
Igualmente se refieren a que la inseguridad aleja inversiones, pero no nos dice en qué casos y qué inversiones han salido del país, y cuáles no se han realizado por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos.
Argumentan que la delincuencia cuenta con nuevas tecnologías y que el Estado no; cabe preguntar ¿en qué casos el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia, ha hecho imposible la procuración y la administración de justicia, por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos?
En relación con el arraigo la iniciativa propone lo siguiente: “Sólo lo puede dictar el juez, quién determinará la modalidad de su ejecución, salvo en el caso de ‘delincuencia organizada’ en que podrá dictarse por el Ministerio Público con posterior revisión de la autoridad judicial”. ¿Contarán con un estudio que documente en qué casos la negativa o retardo judicial a ordenar un arraigo han impedido que se procure y administre adecuadamente la justicia? ¿Tendrán documentado en qué casos han resultado indispensables las órdenes de arraigo? ¿o quieren tapar el sol con un dedo?
Proponen adicionar un párrafo que prevé que las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, durante la investigación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público; pues, según la iniciativa, derivado de la operación de la “delincuencia organizada”, resulta evidente que, en varios casos, se tienen datos que señalan la necesidad de intervenir comunicaciones de forma inmediata y en ocasiones acudir a la autoridad judicial “dificulta o imposibilita la investigación”; lo mismo acontece con los cateos, dicen. ¿Cuáles son estos casos y estas ocasiones tanto en materia de arraigos como intervención a comunicaciones y cateos? ¿Qué va a pasar si el ministerio público ordena una intervención a comunicaciones y resulta que no había delito? ¿el clásico: “usted disculpe”?
Llegan al grado de afirmar que no violan ningún derecho de defensa a pesar de que consideran que no existe necesidad lógica de hacer saber la forma en que, inicialmente, la autoridad conoció del delito. ¿Qué no han leído siquiera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las formas en las que la autoridad viola derechos humanos al investigar el delito? ¿Qué no saben que el ministerio público pierde amparos por esta razón?
El combate a la delincuencia debe enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, de lo contrario no encontrarán a los culpables, sino que conseguirán solamente inhibir las libertades humanas e inventaran responsables de los delitos. Los derechos humanos no son para defender delincuentes sino para defender a la sociedad de que el gobierno abuse de su poder inventando culpables y reprimiendo a la población.
René Sánchez Galindo.
19 de marzo de 2007
Los pírricos triunfos democráticos en México se esfumaron en 2006 a pesar de las voces que se levantaron y de las acciones que se emprendieron aún antes de los trágicos acontecimientos de ese fatídico año.
La democracia cuenta por lo menos con tres elementos fundamentales: (i) elecciones libres, (ii) respeto a las libertades, derechos humanos y derechos sociales fundamentales, y (iii) responsabilidad de los servidores públicos. En esta ocasión me refiero a las terribles violaciones a los derechos humanos, no sólo en los casos de Atenco y Oaxaca del año pasado, sino a la cínica propuesta de legalizar y pseudo constitucionalizar la violación a los derechos humanos, de este 2007.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó las violaciones terribles y masivas en los casos de Atenco y Oaxaca. A pesar de que el informe que presentó a la Cámara de Diputados fue duramente criticado por diversas organizaciones de derechos humanos como la Liga Mexicana de Derechos Humanos, por el Centro Pro de Derechos Humanos y por la propia APPO.
Lo que está hoy comprobado, inclusive por informes internacionales, como el de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, es la existencia de la violación a los derechos humanos, y a pesar de que todavía no se castiga a nadie, siguen injusta e ilegalmente presos y presas en las cárceles federales de alta seguridad como si se tratara de agentes de la “delincuencia organizada”.
El término “delincuencia organizada” es precisamente el pretexto fundamental que utilizaron l@s funcionari@s que se encargan del despacho de la Presidencia de la República para elaborar la iniciativa de reformas a la Constitución presentada el 13 de marzo pasado al Senado. Se trata de modificaciones en materia de seguridad pública para permitir que el Ministerio Público pueda ordenar cateos, intervenciones a comunicaciones privadas y arraigos sin la necesidad de una orden judicial previa.
Resulta que las detenciones ilegales documentadas en Atenco y en Oaxaca ahora van a ser legalizadas y practicadas masivamente contra cualquier persona que quiera expresarse contra la corrupción y el abuso, por el simple hecho de que a alguien se le ocurra que se trata de “delincuencia organizada”.
Déjenme hacer un par de pequeños apuntes jurídicos, no resisto. Ordenar un arraigo, aunque lo haga un juez es inconstitucional porque priva de la libertad sin tener elementos suficientes para creer que “probablemente” alguien es responsable de un delito. Peor aún, según el artículo 39 constitucional, sólo el pueblo, no el congreso federal ni los congresos locales juntos, puede alterar o modificar la forma de gobierno, por lo que pretender modificar los términos de los derechos humanos sería alterar la democracia y por lo tanto esta reforma antidemocrática debería ser votada popularmente. Lo malo es que se trata de leyes y no tenemos justicia a la cual acudir, ¿o sí?
La exposición de motivos de esta iniciativa habla de que el sistema penal ha recibido críticas y llamados a la modernización, pero no las hace públicas, no las conocemos, ¿estas críticas se referirán a la ley o a la aplicación de la ley? Habrá que solicitarlas, esperemos que respeten nuestro derecho a la información.
Igualmente se refieren a que la inseguridad aleja inversiones, pero no nos dice en qué casos y qué inversiones han salido del país, y cuáles no se han realizado por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos.
Argumentan que la delincuencia cuenta con nuevas tecnologías y que el Estado no; cabe preguntar ¿en qué casos el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia, ha hecho imposible la procuración y la administración de justicia, por alguna negativa o retardo judicial para ordenar arraigos, intervenciones a comunicaciones y cateos?
En relación con el arraigo la iniciativa propone lo siguiente: “Sólo lo puede dictar el juez, quién determinará la modalidad de su ejecución, salvo en el caso de ‘delincuencia organizada’ en que podrá dictarse por el Ministerio Público con posterior revisión de la autoridad judicial”. ¿Contarán con un estudio que documente en qué casos la negativa o retardo judicial a ordenar un arraigo han impedido que se procure y administre adecuadamente la justicia? ¿Tendrán documentado en qué casos han resultado indispensables las órdenes de arraigo? ¿o quieren tapar el sol con un dedo?
Proponen adicionar un párrafo que prevé que las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, durante la investigación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público; pues, según la iniciativa, derivado de la operación de la “delincuencia organizada”, resulta evidente que, en varios casos, se tienen datos que señalan la necesidad de intervenir comunicaciones de forma inmediata y en ocasiones acudir a la autoridad judicial “dificulta o imposibilita la investigación”; lo mismo acontece con los cateos, dicen. ¿Cuáles son estos casos y estas ocasiones tanto en materia de arraigos como intervención a comunicaciones y cateos? ¿Qué va a pasar si el ministerio público ordena una intervención a comunicaciones y resulta que no había delito? ¿el clásico: “usted disculpe”?
Llegan al grado de afirmar que no violan ningún derecho de defensa a pesar de que consideran que no existe necesidad lógica de hacer saber la forma en que, inicialmente, la autoridad conoció del delito. ¿Qué no han leído siquiera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las formas en las que la autoridad viola derechos humanos al investigar el delito? ¿Qué no saben que el ministerio público pierde amparos por esta razón?
El combate a la delincuencia debe enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, de lo contrario no encontrarán a los culpables, sino que conseguirán solamente inhibir las libertades humanas e inventaran responsables de los delitos. Los derechos humanos no son para defender delincuentes sino para defender a la sociedad de que el gobierno abuse de su poder inventando culpables y reprimiendo a la población.
René Sánchez Galindo.
miércoles, marzo 14, 2007
¿Quién puede hablar de transparencia?
René Sánchez Galindo
12 de marzo de 2007
En tan sólo un año de utilizar los recientes mecanismos de acceso a la información, como el SISI (sistema de solicitudes de información) del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) y las solicitudes electrónicas de la Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (CMTAIP) el mayor aprendizaje que se obtiene se puede sintetizar en una palabra: OPACIDAD.
Para ponerlo en términos más claros lo que más se aprende es cómo hacen en el gobierno para que la información solicitada por la ciudadanía no llegue, no se conozca y no se utilice en contra de los intereses del grupo o grupos en el poder.
Por lo general los procedimientos de acceso a la información establecidos en las leyes son sencillos y ágiles, sin embargo la realidad es otra: en la aplicación de las leyes de transparencia la experiencia demuestra que los procedimientos son tortuosos, lentos y complejos.
Los obstáculos son muy diversos entre sí, van desde el simple hecho de que la autoridad requerida disponga ampliar el plazo para responder la solicitud sin explicar el motivo de la demora, hasta que el cartero que debe llevarle la información, asiente en el acuse de recibo que la persona solicitante de información no vive donde en realidad sí vive.
A pesar de que este escrito parecería que busca desanimar a las personas que amablemente leen estas líneas, el objetivo es otro: presentar todas las dificultades que la experiencia ha arrojado, para después formular algunas recomendaciones y hasta propuestas que faciliten el acceso a la información pública y permitan que los gobiernos rindan cuentas a la ciudadanía.
Las anomalías:
Suelen decir las personas expertas en transparencia y las autoridades encargadas del tema que el problema está en saber preguntar, que mucha gente no sabe preguntar y que por eso no pueden acceder a la información que buscan. Esto parece sensato y muy lógico; sin embargo, es absolutamente falso. Si existe una solicitud de información es, casi siempre, porque no se cuenta con la información que se solicita y por lo tanto no se conoce la información que se solicita. Imagínese que yo tengo algo en mi puño cerrado, usted me pide que se lo enseñe, y yo le contesto que si no me dice específicamente qué quiere que le enseñe yo no abriré mi mano. Esa actitud es de quienes se asumen como “transparentes”.
Tanto la ley federal como la estatal (Puebla), disponen un plazo para que la autoridad responda la solicitud de información. Este plazo no excede de 1 mes; empero, las normas permiten que la autoridad pueda prorrogar el término hasta por otro periodo igual, es decir que no pase de dos meses. En una de las primera solicitudes que formulé, solicitaba que me explicaran unas ventas que la autoridad había realizado y que me proporcionara unos oficios. Cuando se cumplió el plazo para responderme la autoridad dijo: se extiende el plazo. Entonces formulé otra solicitud: pedí que me entregaran el acuerdo o documento con los motivos para prorrogar el plazo.
La autoridad respondió que no existían esos documentos, que simplemente tenía facultades para prorrogar. Interpuse un amparo y el juez federal le ordenó entregar la información. La autoridad promovió recurso de revisión y está en trámite.
En otro asunto solicité cuál era el porcentaje de terrenos para escuelas y otros servicios públicos que el gobierno federal ha donado a los ayuntamientos del país al regularizar los asentamientos humanos en tierras de origen ejidal. Respondieron rápidamente (1 mes) por Internet con una gráfica que sólo señalaba el número de donaciones. Acudí al IFAI mediante recurso de revisión, obteniendo respuesta favorable, ya que se ordenó que me proporcionara toda la información para obtener el porcentaje.
Sin embargo, después de una “queja” que promoví por el incumplimiento a la resolución del IFAI, la autoridad pidió que se le pagara por esa información. Como yo no había especificado que fuera gratuita desde el principio y que me la enviara de manera electrónica, se aceptó pagar. Después, el cartero inventó que no vivía en el domicilio que señalé. Viajé al DF para recoger la información y me entregaron algo así como 300 hojas oficio con información sobre las donaciones. Pero esta información no cuenta con el total de tierras de origen ejidal regularizadas, por lo que es imposible deducir el porcentaje. Entonces promoví otro “queja” por incumplimiento a la resolución del IFAI, queja que se encuentra en trámite.
Un caso más: solicité la tarifa de un inmueble que supuestamente el gobierno estaba vendiendo; me respondieron que la tarifa era información clasificada como reservada. Interpuse recurso de revisión y cuando la autoridad fue requerida por el IFAI cambió de opinión y la información que estaba reservada ahora era inexistente. Ante esa contradicción el IFAI le ordenó que optara por alguna de las 2 posiciones advirtiendo que en caso de mentir se le denunciaría administrativamente. La inexistencia de la tarifa triunfó en esa solicitud.
Pero, aprovechando la posibilidad legal de pedir más información pedí que me entregaran todas las solicitudes ciudadanas y las respuestas de la autoridad en relación con la venta del inmueble. Y después de prórrogas y dilaciones administrativas apareció no sólo una tarifa, sino tres. Además ocultaron parte de los documentos que pedí; por lo que promoví recurso de revisión para que completaran la información y, que de paso, el IFAI cumpliera con su advertencia. Actualmente está en trámite.
Ante este cúmulo de anomalías se han obtenido algunos beneficios: en un caso, ahora se cuenta con pruebas oficiales para demandar el pago de derechos por la venta de terrenos propiedad de los afectados; en otro caso, ahora se sabe que uno de los representantes de la organización involucrada en la compra del terreno de origen ejidal, no pagó un solo centavo de la tarifa que la autoridad sí estableció.
Las recomendaciones:
1. A pesar de que el derecho a la información no está condicionado a que exista una causa para pedir información, es importante tener un objetivo claro, es decir, saber si la información se quiere para publicarla en los medios, para fines académicos, o para demandar algún derecho en tribunales. Se debe tener claro que por el simple hecho de tener pruebas no se ganan los juicios, hay que tramitarlos y ganarlos.
2. Una solicitud de información es el inicio de una investigación. La autoridad puede no contestarnos, retardar los trámites e incluso mentir. Por eso, como en una investigación, si el experimento no sale, hay que volver a intentarlo y por lo tanto hay que hacer otra solicitud de información, interponer recursos, etc. Hay que formular muchas solicitudes, en una “van a caer”. Es como un interrogatorio a las autoridades que podemos practicar vía Internet.
3. Hay que familiarizarse con los sistemas de Internet para solicitar información.
4. Sólo que requiera copias certificadas para probar algo en algún otro juicio o procedimiento, es preferible pedir información electrónica y gratuita.
5. Ordenar las solicitudes, las respuestas y los recursos, en función de la información que se busca y del objetivo planteado, para así poder encontrar cuál de todas las respuestas de la autoridad, nos sirve para el objetivo buscado.
6. Organizarse en grupos, en asociaciones civiles, así como apoyarse en universidades o en medios de comunicación, puede facilitar estos procedimientos.
Para conocer una verdad, se debe preguntar, preguntar mucho nos llevará a conocer qué están haciendo las autoridades, aunque éstas se escondan.
René Sánchez Galindo.
12 de marzo de 2007
En tan sólo un año de utilizar los recientes mecanismos de acceso a la información, como el SISI (sistema de solicitudes de información) del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) y las solicitudes electrónicas de la Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (CMTAIP) el mayor aprendizaje que se obtiene se puede sintetizar en una palabra: OPACIDAD.
Para ponerlo en términos más claros lo que más se aprende es cómo hacen en el gobierno para que la información solicitada por la ciudadanía no llegue, no se conozca y no se utilice en contra de los intereses del grupo o grupos en el poder.
Por lo general los procedimientos de acceso a la información establecidos en las leyes son sencillos y ágiles, sin embargo la realidad es otra: en la aplicación de las leyes de transparencia la experiencia demuestra que los procedimientos son tortuosos, lentos y complejos.
Los obstáculos son muy diversos entre sí, van desde el simple hecho de que la autoridad requerida disponga ampliar el plazo para responder la solicitud sin explicar el motivo de la demora, hasta que el cartero que debe llevarle la información, asiente en el acuse de recibo que la persona solicitante de información no vive donde en realidad sí vive.
A pesar de que este escrito parecería que busca desanimar a las personas que amablemente leen estas líneas, el objetivo es otro: presentar todas las dificultades que la experiencia ha arrojado, para después formular algunas recomendaciones y hasta propuestas que faciliten el acceso a la información pública y permitan que los gobiernos rindan cuentas a la ciudadanía.
Las anomalías:
Suelen decir las personas expertas en transparencia y las autoridades encargadas del tema que el problema está en saber preguntar, que mucha gente no sabe preguntar y que por eso no pueden acceder a la información que buscan. Esto parece sensato y muy lógico; sin embargo, es absolutamente falso. Si existe una solicitud de información es, casi siempre, porque no se cuenta con la información que se solicita y por lo tanto no se conoce la información que se solicita. Imagínese que yo tengo algo en mi puño cerrado, usted me pide que se lo enseñe, y yo le contesto que si no me dice específicamente qué quiere que le enseñe yo no abriré mi mano. Esa actitud es de quienes se asumen como “transparentes”.
Tanto la ley federal como la estatal (Puebla), disponen un plazo para que la autoridad responda la solicitud de información. Este plazo no excede de 1 mes; empero, las normas permiten que la autoridad pueda prorrogar el término hasta por otro periodo igual, es decir que no pase de dos meses. En una de las primera solicitudes que formulé, solicitaba que me explicaran unas ventas que la autoridad había realizado y que me proporcionara unos oficios. Cuando se cumplió el plazo para responderme la autoridad dijo: se extiende el plazo. Entonces formulé otra solicitud: pedí que me entregaran el acuerdo o documento con los motivos para prorrogar el plazo.
La autoridad respondió que no existían esos documentos, que simplemente tenía facultades para prorrogar. Interpuse un amparo y el juez federal le ordenó entregar la información. La autoridad promovió recurso de revisión y está en trámite.
En otro asunto solicité cuál era el porcentaje de terrenos para escuelas y otros servicios públicos que el gobierno federal ha donado a los ayuntamientos del país al regularizar los asentamientos humanos en tierras de origen ejidal. Respondieron rápidamente (1 mes) por Internet con una gráfica que sólo señalaba el número de donaciones. Acudí al IFAI mediante recurso de revisión, obteniendo respuesta favorable, ya que se ordenó que me proporcionara toda la información para obtener el porcentaje.
Sin embargo, después de una “queja” que promoví por el incumplimiento a la resolución del IFAI, la autoridad pidió que se le pagara por esa información. Como yo no había especificado que fuera gratuita desde el principio y que me la enviara de manera electrónica, se aceptó pagar. Después, el cartero inventó que no vivía en el domicilio que señalé. Viajé al DF para recoger la información y me entregaron algo así como 300 hojas oficio con información sobre las donaciones. Pero esta información no cuenta con el total de tierras de origen ejidal regularizadas, por lo que es imposible deducir el porcentaje. Entonces promoví otro “queja” por incumplimiento a la resolución del IFAI, queja que se encuentra en trámite.
Un caso más: solicité la tarifa de un inmueble que supuestamente el gobierno estaba vendiendo; me respondieron que la tarifa era información clasificada como reservada. Interpuse recurso de revisión y cuando la autoridad fue requerida por el IFAI cambió de opinión y la información que estaba reservada ahora era inexistente. Ante esa contradicción el IFAI le ordenó que optara por alguna de las 2 posiciones advirtiendo que en caso de mentir se le denunciaría administrativamente. La inexistencia de la tarifa triunfó en esa solicitud.
Pero, aprovechando la posibilidad legal de pedir más información pedí que me entregaran todas las solicitudes ciudadanas y las respuestas de la autoridad en relación con la venta del inmueble. Y después de prórrogas y dilaciones administrativas apareció no sólo una tarifa, sino tres. Además ocultaron parte de los documentos que pedí; por lo que promoví recurso de revisión para que completaran la información y, que de paso, el IFAI cumpliera con su advertencia. Actualmente está en trámite.
Ante este cúmulo de anomalías se han obtenido algunos beneficios: en un caso, ahora se cuenta con pruebas oficiales para demandar el pago de derechos por la venta de terrenos propiedad de los afectados; en otro caso, ahora se sabe que uno de los representantes de la organización involucrada en la compra del terreno de origen ejidal, no pagó un solo centavo de la tarifa que la autoridad sí estableció.
Las recomendaciones:
1. A pesar de que el derecho a la información no está condicionado a que exista una causa para pedir información, es importante tener un objetivo claro, es decir, saber si la información se quiere para publicarla en los medios, para fines académicos, o para demandar algún derecho en tribunales. Se debe tener claro que por el simple hecho de tener pruebas no se ganan los juicios, hay que tramitarlos y ganarlos.
2. Una solicitud de información es el inicio de una investigación. La autoridad puede no contestarnos, retardar los trámites e incluso mentir. Por eso, como en una investigación, si el experimento no sale, hay que volver a intentarlo y por lo tanto hay que hacer otra solicitud de información, interponer recursos, etc. Hay que formular muchas solicitudes, en una “van a caer”. Es como un interrogatorio a las autoridades que podemos practicar vía Internet.
3. Hay que familiarizarse con los sistemas de Internet para solicitar información.
4. Sólo que requiera copias certificadas para probar algo en algún otro juicio o procedimiento, es preferible pedir información electrónica y gratuita.
5. Ordenar las solicitudes, las respuestas y los recursos, en función de la información que se busca y del objetivo planteado, para así poder encontrar cuál de todas las respuestas de la autoridad, nos sirve para el objetivo buscado.
6. Organizarse en grupos, en asociaciones civiles, así como apoyarse en universidades o en medios de comunicación, puede facilitar estos procedimientos.
Para conocer una verdad, se debe preguntar, preguntar mucho nos llevará a conocer qué están haciendo las autoridades, aunque éstas se escondan.
René Sánchez Galindo.
miércoles, marzo 07, 2007
Bancos defraudadores vs. Banca Legítima
René Sánchez Galindo
5 de marzo de 2007
México es un paraíso para los bancos internacionales. Es aquí donde obtienen mayores ganancias, es aquí donde reciben mayores apoyos del gobierno, es aquí donde encuentran más intereses que cobrar, donde encuentran más condonaciones de impuestos que no pagarán, donde encuentran más ganancias al administrar fondos de retiro de trabajadores en nuestro país. Aunque no lo podamos creer, México ha sido, es y seguirá siendo un país que hace muy ricos a pocas personas del MUNDO y que deja en pobreza y miseria a millones de sus habitantes, a más de la mitad.
Algunos ejemplos, las mayores ganancias de citigroup (banamex) a nivel mundial fueron en México, están por encima de todo lo ganado por Asia, por encima de lo ganado por Europa, Medio Oriente y África juntos; y 13 veces mayores a lo que este grupo financiero internacional ganó en el resto de América Latina. Las ganancias netas de Banamex en 2006 fueron de más de 20,000 millones de pesos (2 mil millones de USD). Su principal negocio es el crédito al consumo, es decir, las tarjetas de crédito. En otras palabras, en México pagamos entre intereses y comisiones por el uso de las tarjetas de crédito más que en cualquier otra parte del mundo, al menos para citigroup.
Otro ejemplo, del presupuesto federal 2007, se destinarán sólo para el servicio de la deuda del Fobaproa IPAB, el fraude financiero conocido más grande de la historia de México, cerca de 30,000 millones de pesos. Por si fuera poco, de un monto aproximado de 100,000 millones de pesos que representaba en 1995 el rescate bancario, actualmente debemos pagar como país casi 7 veces más. Estos son adeudos que originalmente eran privados que los banqueros se prestaron a sí mismos y otros deudores sin ningún tipo de control, adeudos que no se pagaron, y que el gobierno con la aprobación del Congreso (PRI-PAN) decidió convertirlos en deuda de todes les mexicanes[1]. El Gobierno Federal asumió los pagos de estos adeudos, por lo que los bancos después de quebrar se capitalizaron mediante los famosos “pagarés fobaproa-Ipab”; y después, sin pagar impuestos, se vendieron a precios menores a lo que valen estos “pagarés” a los bancos internacionales: citigroup, HSBC, BBVA, Santander, entre otros.
Todavía más, los bancos extranjeros en México hacen grandes negocios con el dinero para el retiro de toda la fuerza laboral que cotiza en las AFORES. Por ley las cuotas obrero patronales para el retiro deben depositarse en alguna de las Afores, las cuales se encuentran fundamentalmente en manos de la banca extranjera, repito, esto debe hacerse porque así lo ordenan las leyes mexicanas. Según cifras publicadas por la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) un organismo de la Secretaría de Hacienda, de 1997 a 2006, es decir los últimos 10 años todo el sistema de las Afores, obtuvo un rendimiento anual real (es decir por encima de la inflación) de cerca del 7%; sin embargo los rendimientos que habría obtenido cada trabajador o trabajadora mexicana sería en el mismo periodo de poco más del 3% real. En otras palabras, los bancos extranjeros manejan por ley el dinero para el retiro de les trabajadores de este país, y obtienen más ganancias que lo que obtienen quienes son dueños del dinero. Algunos estudios del Congreso han previsto que cuando llegue el momento de retirar ese dinero no va alcanzar para pensiones justas, ni para comprar tortillas, pues. Ya saben por qué no va alcanzar: por los bancos extranjeros, que por si fuera poco, el dinero se lo llevan fuera de México.
No tenemos por qué tener ninguna duda de que en México sí hay recursos y de que sí hay intereses extranjeros muy poderosos interesados en que las cosas se mantengan tal y como están; sí claro que haya cambios pero para que todo siga igual. Por favor, aquellas personas que todavía tengan esas ideas de que en México hay pobreza porque la gente es floja, ya olvídense de esas ideas y sepan muy bien que es por corrupción, pero de la buena, de la grande, no por esas cosas de las que televisa nos repite y repite: “tienes el valor o te vale”.
Les pongo un ejemplo de las causas de la pobreza: en la ciudad de Puebla, en una colonia popular sí, pero colindante con una zona residencial, no de aquellas localidades que también están en el municipio de Puebla, pero que más bien parecen ciudades perdidas, no, una colonia que también colinda con un club deportivo privado; sus pobladores han luchado por más de 30 años porque se les regularicen sus casas, sus escuelas, su mercado, su área verde (la cual también han defendido) y porque se les provean servicios. Todavía hoy existen calles sin pavimentar, escuelas sin regularizar y falta o deficiencia de servicios básicos. En 1989 el Gobierno federal expropió e indemnizó al ejido donde se encontraba esta colonia bajo el mandato de regularizar y vender a precios de interés social (ya que con esa base se indemnizó al ejido). Sin embargo, actualmente las escuelas, las calles, el mercado y el área verde siguen sin rergularizarse. 18 años y siguen irregulares, por lo tanto con servicios deficientes y manteniendo a la colonia como una colonia popular, pobre y sometida a las presiones de organizaciones caciquiles priístas y solapadas por el panismo poblano.
Cómo responde esta colonia:
Con lucha social, con solicitudes insistenes por regularizar, con convocatorias para la organización interna y ahora sumándose al proyecto de formar y apoyar a una sociedad civil financiera o BANCA LEGÍTIMA. Efectivamente este viernes 2 de marzo se llevó a cabo una reunión con gente de la colonia, organizaciones sociales, “redes ciudadanas” y con una sociedad civil financiera, que funciona con permiso de Hacienda, para platicar e iniciar ya en la integración de la primera célula de la banca legítima en Puebla. Esto es una banca que no se somete a las tarifas, comisiones e intereses que cobran los bancos privados y extranjeros, sino que, manteniéndose como un proyecto sustentable, funciona como una empresa social. En otras partes del mundo se le conoce como banca ética o banca social. A propuesta de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, estas organizaciones civiles se han acercado, se están organizando, están trabajando y formando algo así como una tanda legalizada y con un interés de apoyar a empresas sociales, micro empresas como recicladoras ecológicas o productores artesanales.
La BANCA LEGÍTIMA es una respuesta, pero la modificación a las leyes financieras, el deslinde de responsabilidades tanto del sector público como del privado, la regularización de la tenencia de la tierra, los servicios públicos y muchas otras demandas seguirán siendo parte de la lucha.
René Sánchez Galindo.
[1] Utilizo la “e” en lugar de la “@” para referirme a “mexicanos y mexicanas” porque considero que es más fácil de leer.
5 de marzo de 2007
México es un paraíso para los bancos internacionales. Es aquí donde obtienen mayores ganancias, es aquí donde reciben mayores apoyos del gobierno, es aquí donde encuentran más intereses que cobrar, donde encuentran más condonaciones de impuestos que no pagarán, donde encuentran más ganancias al administrar fondos de retiro de trabajadores en nuestro país. Aunque no lo podamos creer, México ha sido, es y seguirá siendo un país que hace muy ricos a pocas personas del MUNDO y que deja en pobreza y miseria a millones de sus habitantes, a más de la mitad.
Algunos ejemplos, las mayores ganancias de citigroup (banamex) a nivel mundial fueron en México, están por encima de todo lo ganado por Asia, por encima de lo ganado por Europa, Medio Oriente y África juntos; y 13 veces mayores a lo que este grupo financiero internacional ganó en el resto de América Latina. Las ganancias netas de Banamex en 2006 fueron de más de 20,000 millones de pesos (2 mil millones de USD). Su principal negocio es el crédito al consumo, es decir, las tarjetas de crédito. En otras palabras, en México pagamos entre intereses y comisiones por el uso de las tarjetas de crédito más que en cualquier otra parte del mundo, al menos para citigroup.
Otro ejemplo, del presupuesto federal 2007, se destinarán sólo para el servicio de la deuda del Fobaproa IPAB, el fraude financiero conocido más grande de la historia de México, cerca de 30,000 millones de pesos. Por si fuera poco, de un monto aproximado de 100,000 millones de pesos que representaba en 1995 el rescate bancario, actualmente debemos pagar como país casi 7 veces más. Estos son adeudos que originalmente eran privados que los banqueros se prestaron a sí mismos y otros deudores sin ningún tipo de control, adeudos que no se pagaron, y que el gobierno con la aprobación del Congreso (PRI-PAN) decidió convertirlos en deuda de todes les mexicanes[1]. El Gobierno Federal asumió los pagos de estos adeudos, por lo que los bancos después de quebrar se capitalizaron mediante los famosos “pagarés fobaproa-Ipab”; y después, sin pagar impuestos, se vendieron a precios menores a lo que valen estos “pagarés” a los bancos internacionales: citigroup, HSBC, BBVA, Santander, entre otros.
Todavía más, los bancos extranjeros en México hacen grandes negocios con el dinero para el retiro de toda la fuerza laboral que cotiza en las AFORES. Por ley las cuotas obrero patronales para el retiro deben depositarse en alguna de las Afores, las cuales se encuentran fundamentalmente en manos de la banca extranjera, repito, esto debe hacerse porque así lo ordenan las leyes mexicanas. Según cifras publicadas por la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) un organismo de la Secretaría de Hacienda, de 1997 a 2006, es decir los últimos 10 años todo el sistema de las Afores, obtuvo un rendimiento anual real (es decir por encima de la inflación) de cerca del 7%; sin embargo los rendimientos que habría obtenido cada trabajador o trabajadora mexicana sería en el mismo periodo de poco más del 3% real. En otras palabras, los bancos extranjeros manejan por ley el dinero para el retiro de les trabajadores de este país, y obtienen más ganancias que lo que obtienen quienes son dueños del dinero. Algunos estudios del Congreso han previsto que cuando llegue el momento de retirar ese dinero no va alcanzar para pensiones justas, ni para comprar tortillas, pues. Ya saben por qué no va alcanzar: por los bancos extranjeros, que por si fuera poco, el dinero se lo llevan fuera de México.
No tenemos por qué tener ninguna duda de que en México sí hay recursos y de que sí hay intereses extranjeros muy poderosos interesados en que las cosas se mantengan tal y como están; sí claro que haya cambios pero para que todo siga igual. Por favor, aquellas personas que todavía tengan esas ideas de que en México hay pobreza porque la gente es floja, ya olvídense de esas ideas y sepan muy bien que es por corrupción, pero de la buena, de la grande, no por esas cosas de las que televisa nos repite y repite: “tienes el valor o te vale”.
Les pongo un ejemplo de las causas de la pobreza: en la ciudad de Puebla, en una colonia popular sí, pero colindante con una zona residencial, no de aquellas localidades que también están en el municipio de Puebla, pero que más bien parecen ciudades perdidas, no, una colonia que también colinda con un club deportivo privado; sus pobladores han luchado por más de 30 años porque se les regularicen sus casas, sus escuelas, su mercado, su área verde (la cual también han defendido) y porque se les provean servicios. Todavía hoy existen calles sin pavimentar, escuelas sin regularizar y falta o deficiencia de servicios básicos. En 1989 el Gobierno federal expropió e indemnizó al ejido donde se encontraba esta colonia bajo el mandato de regularizar y vender a precios de interés social (ya que con esa base se indemnizó al ejido). Sin embargo, actualmente las escuelas, las calles, el mercado y el área verde siguen sin rergularizarse. 18 años y siguen irregulares, por lo tanto con servicios deficientes y manteniendo a la colonia como una colonia popular, pobre y sometida a las presiones de organizaciones caciquiles priístas y solapadas por el panismo poblano.
Cómo responde esta colonia:
Con lucha social, con solicitudes insistenes por regularizar, con convocatorias para la organización interna y ahora sumándose al proyecto de formar y apoyar a una sociedad civil financiera o BANCA LEGÍTIMA. Efectivamente este viernes 2 de marzo se llevó a cabo una reunión con gente de la colonia, organizaciones sociales, “redes ciudadanas” y con una sociedad civil financiera, que funciona con permiso de Hacienda, para platicar e iniciar ya en la integración de la primera célula de la banca legítima en Puebla. Esto es una banca que no se somete a las tarifas, comisiones e intereses que cobran los bancos privados y extranjeros, sino que, manteniéndose como un proyecto sustentable, funciona como una empresa social. En otras partes del mundo se le conoce como banca ética o banca social. A propuesta de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, estas organizaciones civiles se han acercado, se están organizando, están trabajando y formando algo así como una tanda legalizada y con un interés de apoyar a empresas sociales, micro empresas como recicladoras ecológicas o productores artesanales.
La BANCA LEGÍTIMA es una respuesta, pero la modificación a las leyes financieras, el deslinde de responsabilidades tanto del sector público como del privado, la regularización de la tenencia de la tierra, los servicios públicos y muchas otras demandas seguirán siendo parte de la lucha.
René Sánchez Galindo.
[1] Utilizo la “e” en lugar de la “@” para referirme a “mexicanos y mexicanas” porque considero que es más fácil de leer.
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