Viaje al fondo de la República Mexicana. 3/3

René Sánchez Galindo
4 de junio de 2007

La semanas pasadas señalamos la situación por más de 30 años de incertidumbre, ilegalidad, opacidad y abandono en que las autoridades mantienen a habitantes y comerciantes de una colonia popular en la Ciudad de Puebla. Circunstancias que les genera injusticia, pobreza, desacuerdos y abusos. Relatamos la multiplicidad de gestiones ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett y ante el Instituto Federal de Acceso a la información Pública, Ifai, sobre todo, durante los últimos ya 15 meses.

Sin que a la fecha haya una definición por parte de Corett, ni una acción del Ifai que de transparencia a esta problemática, el viaje al fondo de la República Mexicana que en esta entrega cerramos, buscará adentrarse en uno de los temas fundamentales de lo que debería ser un sistema democrático: la responsabilidad de los servidores públicos.

Los estudios clásicos sobre la forma de gobierno democrática señalan tres elementos indispensables para que un país cuente con este modelo tan cacareado. El primer elemento es aquel al que las personas de la política y de los medios de comunicación se refieren más: las elecciones libres. El segundo elemento, aunque con menores menciones es el respeto a los derechos humanos, a las libertades, a la igualdad, a la seguridad jurídica, entre otros. El tercer y olvidado elemento es la responsabilidad de los servidores públicos.

Imaginen ustedes si sería posible que en un Estado Democrático de Derecho se le encomendara a una dependencia una tarea específica como regularizar una colonia popular y que después de 18 años sus calles, escuelas, áreas verdes y mercado sigan en el desorden legal, sin que ningún funcionario sea sujeto de responsabilidad y por lo tanto amonestado, multado, suspendido o de plano destituido.

Vaya, resulta difícil de entender porqué en 18 años no se pueden vender a precios de interés social, como lo marca la ley, terrenos comerciales a sus ocupantes, ni entregar las calles, las áreas verdes y las escuelas a las autoridades locales. Algo está pasando y ese algo debe ser atendido.

Nuestra Constitución contempla en su título cuarto las responsabilidades de los servidores públicos clasificándolas en tres tipos:

La responsabilidad administrativa. Que sanciona las infracciones que no llegan a ser delitos pero que sí pueden entrañar alguna negligencia, retraso, conflicto de intereses, etc. Los castigos van de una amonestación a la destitución. Esta responsabilidad se tramita por denuncia ciudadana o por notificación de otra autoridad ante un órgano interno de la dependencia responsable.

La responsabilidad penal. Que castiga delitos cometidos por funcionarios, como podrían ser desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros muchos más que regulan las leyes. Esta responsabilidad se tramita por denuncia ciudadana o por notificación de otra autoridad ante el ministerio público.


La responsabilidad política. Está diseñada para altos funcionarios que tiene un compromiso político frente a las leyes y que es exigible por el Congreso. En otras palabras, si se comprueba que un alto funcionario transgrede la legislación y causa perjuicios graves a los intereses fundamentales de México, el Poder Legislativo puede destituirlo. Durante el siglo XX y lo que va del XXI, ningún funcionario federal ha sido destituido por responsabilidad política, sólo conocemos 2 o 3 casos de los que conoce el Congreso pero por motivos de responsabilidad penal, para que se les quite el fuero. Pero sobre responsabilidad política sólo se conoce en el ámbito local, en el Estado de Morelos, el caso Carrillo Olea.

Volviendo a nuestro viaje cabe formular unas preguntas sobre la responsabilidad de los encargados de regularizar esta colonia:

¿Quién o quiénes son responsables por no regularizar en 18 años las calles, escuelas, áreas verdes y mercado?

¿Por qué ningún funcionario ha entregado al Ayuntamiento ni siquiera las calles de la colonia?

¿Cómo es posible que en un año y ya 4 meses no puedan decir cuál es el porcentaje de terrenos para calles, escuelas, áreas verdes, etc, que han regularizado de las colonias en todo el país?

¿A caso no lo saben?, ¿a caso no lo han hecho?, ¿o es qué todo el país está como el ejemplo de este viaje al fondo de la república?

¿Cómo es posible que después de tantos años, después de múltiples documentos, incluso algunos firmados por Corett, donde reconocen que existe un mercado en operaciones, ahora digan que el lote está baldío, sin ocupantes?

¿A qué intereses responde esa actitud?

¿Quién es responsable de haberle informado al Ifai que desde 1989 no había existido ninguna tarifa del mercado, cuando en realidad han existido por lo menos tres tarifas en ese lapso?

¿Procederá el Ifai, como lo ordena su Ley, y hará del conocimiento del órgano interno de control de la Corett la falsedad citada, apegándose a la advertencia que el propio Ifai había hecho a la Corett para conducirse con la verdad?

Este viaje termina. El Ifai no ha dado respuesta aún a los recursos de revisión 395/07 y 397/07. La ciudadanía sigue esperando: ¿acusará el Ifai a la Corett? ¿Corett aclarará el misterio? Con mucho gusto y si está interesado, le informaremos cuando haya respuestas, si es que las hay.

René Sánchez Galindo
ranazapatera@yahoo.com